Era un contrato espinoso, intrincado como un zarzal, y todo él sujeto a una cláusula de propiedad reservada”. Esta frase, extraída de una novela satírica de Italo Calvino - ‘La especulación inmobiliaria’-, vale para ilustrar la tormenta perfecta que sacude nuestro país desde la calle al Parlamento, en torno al problema más acuciante de los españoles, según el CIS: el de la vivienda.
Se diría que el “vivo sin vivir en mí” de Teresa de Ávila, ha mutado de la mística a los altares inmobiliarios. El último episodio del auto sacramental, o del sainete, el “No” del Congreso al Decreto de Vivienda que deja en el limbo legal a inquilinos y arrendadores. Tres años después de que se aprobara la última Ley de Vivienda, ¿cuál es el panorama?
Un alza de precios -de compra y alquiler- en máximos históricos, superando la burbuja de 2007. Un déficit estructural que invierte el sesgo de aquella burbuja, que fue de oferta y hoy es de demanda. Y, en suma, una crisis social, larvada, pero de connotaciones explosivas.
La cuestión roza lo paranormal si nos hacemos un par de preguntas muy pertinentes: ¿Cómo se explica la carencia de suelo en uno de los países con más territorio de Europa y con una densidad de población por debajo de la media? ¿Y a qué se debe que el 95% de ese territorio no sea urbanizable y sólo el 2% pueda destinarse a vivienda?
Volvemos al Congreso y vamos descendiendo, desde nuestros parlamentos autonómicos a las instancias municipales. ¿Con qué nos encontramos? Con un modelo urbanístico abusivamente intervenido, y con la madre del cordero: mucho legislar, pero la inversión en vivienda pública se queda en el 5’6% del PIB. Treinta euros por habitante, frente a los más de doscientos referenciales en países de nuestro entorno.
El problema de prometer y no cumplir es endémico en nuestro país, pero con este gobierno ha alcanzado su pleonasmo. En los últimos seis años, siempre en vísperas electorales, Sánchez ha prometido 276.000 viviendas protegidas. Hasta la fecha, apenas se han entregado 49.000. En ese mismo plazo, Canadá ha construido un millón de viviendas sociales consiguiendo que los precios de las libres bajen un 20%.
Estos son los datos, esta es la incómoda realidad: la tormenta perfecta no la suscita el mercado y sus borrascas, sino las altas presiones generadas por una clase política incapaz de construir. Vivienda pública, por supuesto. Pero, antes, consensos que la hagan posible. Los bloqueos nunca son inocentes: el lucro derivado, a favor de la empresa privada, también es político.