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Pedro Sánchez, su Gobierno y su Partido no ganan para sustos, pues cada día se conoce un nuevo escándalo que los pone a los pies de los caballos judiciales. El penúltimo -difícilmente se puede hablar del último- ha sido la publicación por “El Confidencial” de las grabaciones de una reunión el pasado mes de febrero de una supuesta fontanera del Gobierno, Leire Díez -muy cercana al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán- con empresarios investigados por la Audiencia Nacional y varios abogados, en la que se ofrecieron a uno de los imputados reuniones con la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Agencia Foral para resolver su caso, a cambio de que facilitara información negativa contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y, en especial, contra el jefe de la Sección sobre Delincuencia Económica y Corrupción, el teniente coronel Antonio Balas. Como ha comentado en “El Mundo” Emilia Landaluce, las grabaciones de “El Confidencial”, en las que se ponen en evidencia los intentos de los socialistas por desacreditar a la UCO y desactivar las investigaciones sobre la familia de Sánchez, “son solo la enésima emanación de podredumbre del Ejecutivo”.