Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó en 2020 una sentencia por la que obligaba a las escuelas catalanas a impartir en castellano al menos el 25% de las asignaturas de sus programas en los distintos períodos educativos. El Gobierno de la Generalitat presentó un recurso por considerar que el TSJC había interferido en las competencias de la Comunidad, pero el Tribunal Supremo lo ha inadmitido por estimar –como ya hizo en una sentencia anterior- que la decisión era razonable. El Govern ha manifestado que no tiene intención de cumplir la sentencia y ha recomendado a las instituciones educativas autonómicas que hagan lo propio, adoptando así una inaceptable actitud de insumisión ante una decisión del más alto Tribunal de la Nación.
