La lengua como medio de comunicación
La lengua es el medio principal de comunicación entre los mortales. Ante la proliferación de lenguas provocada por el babelismo, los hombres trataron de buscar una lengua común para entenderse mejor. En la Edad Media lo fue el latín, en la Edad Moderna lo fue en cierta medida el español, y en la Edad Contemporánea el inglés es la lengua franca. El español es la segunda lengua universal y la más enseñada en todo el mundo tras el inglés. Su estudio está en expansión por doquier, salvo en algunas regiones de… España como Cataluña, porque hasta en esto “Spain is different”.
Una clara muestra de la importancia del inglés como lengua de comunicación es la India. Según el artículo 343 de la Constitución de 1950, el hindi era el idioma oficial del país, si bien el inglés sería cooficial durante 15 años. Cuando el Gobierno inició los planes para imponer el hindi como el único idioma oficial, se produjo una tremenda oposición en muchas de las regiones y violentos disturbios en algunas de ellas, especialmente en Tamil Nada, que llevaron a la adopción en 1963 de una enmienda constitucional por la que se mantuvo el inglés como lengua cooficial a nivel nacional.
Otra prueba al respecto la ofrece República de Irlanda, que -pese a haber estado dominada durante siglos por Inglaterra que le impuso su idioma-, al independizarse, mantuvo el inglés como lenguas oficial. Así, el artículo 8 de la Constitución de 1937 establece que el irlandés es el primer idioma oficial y el inglés el segundo. Es obligatorio el estudio del gaélico y al final de la enseñanza secundaria los alumnos deben superar un examen, sin lo cual no pueden acceder a la Universidad. Sin embargo, la mayoría de los irlandeses utiliza el inglés como medio de expresión, salvo en la Gaelstacht, en la parte occidental de la isla, donde se habla comúnmente el gaélico.
En muchos países europeos son oficialas varios idiomas, incluidos los minoritarios, como el caso del italiano en Suiza, el sueco en Finlandia o el alemán en Bélgica. En España -según el artículo 3 de la Constitución-, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas son oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. En consecuencia, son lenguas cooficiales el catalán en Cataluña, el euskera en El País Vasco, el gallego en Galicia y el valenciano en la Comunidad de Valencia. La Constitución reconoce que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio que debe ser objeto de especial respeto y protección, y así se ha hecho tanto a nivel nacional como autonómico, si bien algunas Comunidades han potenciado al máximo el conocimiento y la enseñanza de sus lenguas propias -lo cual es digno de elogio-, pero lo han hecho marginando el castellano e incluso excluyendo su uso en la enseñanza y en la Administración pública.
Abuso de algunas comunidades al fomentar sus lenguas propias
Éste es especialmente el caso de Cataluña. Tras el ostracismo sufrido por el catalán durante los Gobiernos de Franco, el péndulo ha basculado hacia el otro extremo. Según el Estatuto de Autonomía de 1979, el catalán es la lengua propia oficial de Cataluña, mientras que el castellano es la lengua oficial en todo el Estado, incluida Cataluña. “La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de ambos idiomas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento, y creará las condiciones que permitan alcanzar su igualdad plena en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña” (artículo 3).
Durante la presidencia de Tarradellas se logró una fórmula razonable consistente en potenciar el catalán para igualarlo con el castellano y normalizar a nivel oficial un bilingüismo armónico que existía en la vida real. Jordi Pujol, en cambio, inició un proceso gradual para establecer el monolingüismo en catalán, consciente de que la lengua era el instrumento básico para crear la estructura de un futuro Estado independiente. De ahí sus Leyes de normalización lingüística de 1983 y de política lingüística de 1998, y la introducción del sistema de inmersión forzosa en catalán, oficializado en la Ley de educación de 2009. En 2005, el Gobierno tripartito de Pasqual Maragall propició la reforma del Estatuto de Sau, y la nueva norma estableció que el catalán era la lengua normal y preferente en la educación, la Administración y los medios públicos de comunicación. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 suprimió el calificativo de “preferente” por inconstitucional.
Ante la negativa de las escuelas a impartir clases en castellano, algunos padres tuvieron que recurrir a la Justicia y -aunque los Tribunales les daban la razón- los directores de las escuelas, con la connivencia de la Administración, no aplicaban las sentencias. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronuncio en 2020 por la obligatoriedad de que las escuelas catalanas impartiera al menos un 25% de las asignaturas en castellano. La Generalitat no acató la sentencia y dictó el Decreto-ley 6/2022 para hacer imposible su ejecución, y el Parlament aprobó en 2022 -con el voto a favor del PSC y de los Comunes- la Ley de lenguas oficiales de la enseñanza no universitaria, que establecía que el catalán era la única lengua vehicular y que el uso del castellano -que solo era lengua curricular- se dejaba a la decisión de los centros escolares. El Gobierno central no recurrió la ley y la condonó “de facto”. Ahora, los partidos independentistas que impiden la plena aplicación de la lengua oficial en una parte del Estado español, pretenden que el catalán se utilice en el Congreso.
Según el artículo 6 del Estatuto de Guernica de 1979, el euskera, lengua propia del pueblo vasco, tendrá como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen derecho a conocer y usar ambas lenguas. Las autoridades autonómicas garantizarán su uso y tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. El Gobierno vasco ha potenciado el euskera y le ha concedido una posición preferente. En 2016 se aprobó Ley de instituciones locales de Euskadi, que establecía que los Ayuntamientos podían decidir la lengua con la que trabajar. El Tribunal Constitucional ha estimado en 2023 que algunas disposiciones de la Ley atacaban el equilibrio lingüístico entre las dos lenguas, al condicionarse el uso del castellano al desconocimiento del euskera, y que la Ley no se dirigía a promover una lengua cooficial, sino que prescribía un uso prioritario del euskera, con la que se producía un desequilibrio injustificado en el uso del castellano. En 2019, el Gobierno vasco dictó un Decreto sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones y locales de Euskadi, que solo regulaba el uso privilegiado del euskera en detrimento del castellano, por lo que incurrió en los mismos vicios de inconstitucionalidad que la Ley de 2016.
Un Decreto de 1983 estableció tres modelos de enseñanza: en castellano como lengua vehicular (A), en euskera como lengua vehicular (D) y uso de ambas lenguas (B). El modelo B ha desaparecido prácticamente y el D se está imponiendo sobre el A, que se ha visto reducido al 11% del alumnado. En Navarra, la lengua oficial es el castellano, pero en el tercio norte vascófono el euskera es cooficial y en él rige el mismo sistema educativo que en Euskadi. Sin embargo, los últimos Gobiernos de coalición de Geroa Bai (PNV) y PSN han seguido una política de euskaldunización, tanto en la Administración como en la enseñanza. En un decreto de 2017 por el que se regulaba el uso del euskera en la Administración, se imponía su uso en toda la Comunidad. En una sentencia de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló los artículos que valoraban el conocimiento del vascuence como mérito en las zonas no vascófonas.
El artículo 5 del Estatuto de Galicia de 1981 considera el gallego como la lengua propia de la Comunidad y, junto con el castellano, es lengua oficial. Desde la época de Fraga, el PP acogió en su seno a galleguistas conservadores, que han introducido en la Xunta un cierto grado de nacionalismo. Galicia se unió a la agrupación Galeusca, junto con el País Vasco y Cataluña, y se ha sumado a algunas de sus reivindicaciones. Sin llegar a los extremos de Cataluña o Euskadi, en Galicia también se han cometido acciones hostiles contra el castellano, sobre todo en el ámbito educativo. La Galicia del PP debería hacer autocrítica y corregir esos excesos.
Según el artículo 6 del Estatuto de la Comunidad Valenciana de 1982, el valenciano es la lengua propia de la Comunidad y tiene carácter oficial junto con el castellano. Durante los Gobiernos de coalición del PSOE con Compromís y Podemos se adoptó una Ley sobre plurilingüismo que potenciaba el catalán y discriminaba al castellano. No voy a entrar en el debate sobre sí el valenciano es una lengua o un dialecto del catalán -hay quienes mantienen que es justo lo contrario, pues las primeras manifestaciones literarias de Ausias March se hicieron en valenciano-, pero el Estatuto de Autonomía considera al valenciano con la lengua oficial de la Comunidad. Los anteriores Gobiernos autonómicos menospreciaron el valenciano y potenciaron el catalán, incluyendo a la Comunidad entre los “países catalanes”. La situación ha cambiado radicalmente con el nuevo gobierno de PP-Vox presidido por Carlos Mazón, que ha establecido el principio de libertad elección de lengua y de centro educativo.
Una situación similar se produjo Baleares, donde el Gobierno de coalición del PSOE con Podemos y el nacionalista Més, dirigido por Francina Armengol, potenció el catalán en la enseñanza y en la Administración pública, hasta el extremo de exigir un alto conocimiento del catalán por parte de los empleados en el sector sanitario, lo que provocó un agudo déficit en la cobertura de servicios médicos en todas las islas. El nuevo Gobierno del PP de Marga Prohens ha cambiado radicalmente de orientación y propugna un sistema de libertad de enseñanza.
Uso en el Congreso de las lenguas cooficiales
En el pacto que concertó Sánchez con Puigdemont para que JxC permitiera con sus votos la formación de la Mesa del Congreso presidida por Armengol, aquél puso como condición que se permitiera el uso en el Congreso del catalán, el euskera y el gallego -no así el valenciano-. En el primer discurso tras su elección, Armengol anunció -sin tener competencias para ello- que desde ya os diputados podrían utilizar dichas lenguas en todas las actividades de la Cámara. Abrió asimismo la vía para la utilización de otras lenguas no oficiales como el bable, el aragonés o el aranés.
El PSOE, Sumar y los partidos nacionalistas presentaron una propuesta para modificar el Reglamento del Congreso, que fue admitida a trámite el 18 de septiembre. Se trataba de una propuesta que reproducía la presentada hace 15 meses y que fue rechazada por 71 a favor y 268 en contra, entre los que figuraban los de los diputados del PSOE. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues que Sánchez necesita los siete votos de JxC para ser investido presidente y Puigdemont condiciona su apoyo a la concesión de una amnistía a todos los involucrados en el procès y al uso del catalán en el Congreso y en las instituciones de la Unión Europea. La Mesa del Congreso aceptó la propuesta que permitía el uso de las tres lenguas cooficiales y Armengol autorizó ilegalmente dicho uso en el pleno del Congreso del día 20, dado que éste no había probado aún la reforma del Reglamento, cosa que ha hecho el día 21 con 180 votos a favor, incluido el de Coalición Canaria, que ha cambiado de bloque.
Pese a las advertencias de los letrados de la Cámara, su presidenta ha seguido adelante para pagar en especie el precio pactado por el PSOE con JxC para su elección y no ha dudado en abusar de su poder. Como ha señalado Germán Teruel en su magnífico artículo “Babel parlamentaria e integración territorial”, cualquier decisión materialmente constitucional -y el uso de las lenguas en el Congreso lo es- debería venir precedido de un acuerdo que incluyera a los dos grandes partidos. Somos una democracia “consensual”, por lo que en estos temas no basta con tener la mitad más uno de los votos, sino que hay que aspirar a generar consensos. Resulta nocivo que una mayoría envalentonada adopte reformas institucionales sin contar con la otra mitad del arco parlamentario. El abrumador rechazo de la propuesta de 2022 puso de manifiesto que no había ninguna laguna que colmar mediante una resolución de la presidenta de la Cámara, sino que existía la voluntad expresa de que ésta no modificara el Reglamento y mantuviera el español como única lengua “¿Tiene sentido convertir el Congreso en una Babel lingüística?”, se ha preguntado el profesor.
Todos los intervinientes de la izquierdas - incluida la vicepresidenta Yolanda Díaz- utilizaron las lenguas cooficiales, con lo que dieron la impresión de que el español -como la bandera rojigualda- era patrimonio de la derecha. Tan solo rompió esta presunción el ínclito portavoz del PP, Borja Semper, quien pronunció tres parrafadas en euskera en contra de la normativa aún vigente, de las instrucciones de su partido y del sentido común, al que, por cierto, recurrió Díaz para justificar el copernicano cambio de criterio de la izquierda. Los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo, no sin antes depositar sus pinganillo en los escaños vacíos del presidente y de su vicepresidenta primera. Por el momento solo habrá interpretación de las lenguas cooficiales al español, en una unidireccionalidad que no debería placer a Puigdemont, porque -como ha observado Arcadi Espada-, si el catalán es una lengua de ida pero no de vuelta, “la naturaleza ‘manquée’ de la nación seguirá vigente y el castellano seguirá conservando su carácter de koiné”.
Sesenta antiguos parlamentarios de distintos partidos -incluidos varios presidentes del Congreso, del Senado y de Comunidades Autónomas, y 17 ministros- han enviado una carta a Armengol para expresar su gran estupor y mayor consternación por la precipitada iniciativa de modificar los usos del Congreso para convertirlo en una institución plurinacional. “Hemos sentido el Parlamento como la casa del diálogo y de la deliberación al servicio de los españoles. En todo este tiempo el castellano -lengua oficial del Estado- ha sido la lengua con la que hemos dialogado. Lo hemos hecho con normalidad ya que el castellano es nuestra lengua común, la lengua en la que todos los españoles nos entendemos en nuestra vida cotidiana en todos los lugares de España. Ningún español necesita intérprete cuando habla con otro español”. En ningún caso, el catalán, el euskera y el gallego son lenguas cooficiales del Estado, por lo que no tiene soporte constitucional su uso en el órgano que representa la soberanía nacional. La verdadera intención de sus promotores es negar la condición del castellano como lengua común de los españoles, que tendrán que recurrir al pinganillo para entenderse entre ellos. La pretensión de que la mitad de la Cámara imponga una reforma de tal calado es un trágala inaceptable y una ruptura de las reglas propias de cualquier sistema democrático. “Si no fuera trágico, sería profundamente ridículo”. Por eso han expresado su más firme rechazo a una reforma del Reglamento que contradice la Constitución, no se adecúa a nuestra realidad lingüística y no resulta razonable.
Como ha señalado un editorial de “El Debate”, “si le quedara alguna dignidad a la Señora de los pinganillos, bueno sería que leyera con atención esta misiva y actuara en consecuencia, denegando la cooficialidad de las lenguas regionales en el Congreso”. Según “El Mundo”, el Gobierno no hace un reconocimiento simbólico de los idiomas cooficiales, sino que da un nuevo paso en la negación del español como lengua común. “El objetivo es la desvertebración de la España cívica y constitucional. Por ello, no es el aceptable que el PSOE imponga una modificación que rechazó en junio de 2022 y que ahora solo defiende para conservar el poder”. Según Andrés Trapiello, la imposición del pinganillo es un crimen de lesa lengua. Para Juan Claudio de Ramón, “renunciar a una lengua común parece ilógico en una asamblea deliberante o negociadora, pero resulta natural en esa especie de dieta plurinacional que algunos se han fijado como meta”.
Uso de las lenguas cooficiales en las instituciones de la Unión Europea
La primera letra que tuvo que pagar Sánchez en su turbio pacto con Puigdemont fue la tentativa de que el catalán, el euskera y el gallego fueran considerados como idiomas oficiales de la UE y -a tales efectos- el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, envió en la madrugada del 17 de agosto una misiva a la Secretaría General del Consejo Europeo para -saltándose las normas vigentes- solicitar la reforma del Reglamento lingüístico 1/1958, porque ese día era indispensable el voto de JxC para elegir Armengol presidenta del Congreso. El día 22 firmé, junto a varios miembros del Foro de Profesores, una carta dirigida a la Secretaría General del Consejo, en la que denunciábamos la ilegalidad de la actuación del ministro, por haber hecho una propuesta importante cuando un Gobierno en funciones no está capacitado para ello y por no contar con la preceptiva decisión a tal el efecto del Consejo de Ministros.
Salvada la primera valla de la elección de la Mesa del Congreso, el Gobierno tenía que superar la segunda, en su frenética carrera para imponer las lenguas autonómicas españolas como oficiales de la UE, Albares se trasladó el día 19 a Bruselas para asistir a la reunión del Consejo de Asuntos Generales -a la que no suelen asistir los ministros- para implorar a los Estados miembros que accedieran a la estrafalaria propuesta española. Estados como Suecia, Finlandia, Bélgica, Países Bajos o Francia habían expresado su reticencia ante semejante propuesta. El ministro trató de convencerlos prometiendo que España correría con los costes de la operación y -ante el mantenimiento de las reservas y del requerimiento de que se hiciera un estudio pormenorizado sobre sus consecuencias políticas, económicas, institucionales y operativas- propuso empezar por la incorporación del catalán y dejar para más tarde la de las otras dos lenguas, lo que ha provocado el natural enfado de los aliados separatistas del PNV, Bildu y BNG, y Albares ha tenido que rectificar.
No es nada normal que un Estado solicite de golpe y con urgencia la inclusión de tres idiomas regionales como lenguas oficiales de la Unión, lo que no solo tendría un elevado coste económico, sino que implicaría cambios estructurales en los servicios de traducción, interpretación y documentación, y un peligroso precedente que abriría la puerta a la oficialidad de los 60 idiomas que se hablan en los países miembros. Y es aún menos normal que lo haga un Estado aprovechándose de su condición de presidente rotatorio del Consejo Europeo. El Consejo de Asuntos Generales ha aplazado “sine die” su decisión sobre la solicitud para estudiarla con calma, tras la elaboración de informes sobre su fundamento jurídico y la estimación de los costes y de las incidencias sobre el funcionamiento operativo de las instituciones de la UE. Se deja pues, la decisión -que requiere el apoyo unánime de todos los Estados miembros- “ad calendas comunitarias”. El voluntarioso Albares -que ha sido calificado por Jorge Bustos como Ministro de Exteriores de Cataluña en el exilio- se ha mostrado satisfecho porque nadie ha vetado la propuesta y, sobre todo, porque ha cumplido con las exigencias del prófugo de Waterloo, quien le ha agradecido sus esfuerzos pese a ser insuficientes. Este inhabitual comentario de Puigdemont es una muestra de que no parece que vaya a negar el apoyo de su partido a la candidatura de Sánchez solo por no haberse logrado el objetivo comunitario. Sánchez es consciente de que Puigdemont tiene la sartén por el mango y el mango/mando a distancia también, por lo que está dispuesto a tragarse cualquier sapo para conservar el poder. Gracias a él y a sus aliados, España se ha convertido una vez más en el hazmerreír de Europa.
Según ha observado Teruel, en el Parlamento Europeo no hay una lengua común, pero en el Congreso sí la hay, el castellano. Como señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia 821/1986, éste es el único idioma oficial del Estado y las demás lenguas españolas solo lo son en sus respectivos territorios, una oficialidad que comporta que el castellano sea reconocido por los poderes públicos como el medio normal de comunicación en y entre ellos, y en su relación con los sujetos privados. Las lenguas -que son medios de comunicación y entendimiento- han sido convertidas por los nacionalismos identitarios en medios de incomunicación y desentendimiento, y semejante aberración ha sido comprada y pagada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Enviado por José Antonio Sierra
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